Voy a contestar ahora lo de las salvaguardas que precisamente es uno de los temas que se mejoraron entre la etapa inicial del 4 de enero, de los cual dimos cuenta oportunamente, y este acuerdo que estamos suscribiendo en el dia de hoy. Precisamente el tema de las salvaguardas es uno de los temas que se trataron con mayor detención.
Son 7 las que quiero mencionar y son todas fundamentales, como ustedes apreciarán.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo uruguayo deberá autorizar la venta de acciones que pueda efectuar el inversor, salvo que no se altere el control accionario y la propiedad sustancial y control de efectivo. Y tendrá derecho de preferencia nuestro Poder Ejecutivo para adquirir tales acciones.
Segunda salvaguarda, toda venta de acciones debe respetar la mayoría de acciones en manos de personas físicas o jurídicas uruguayas. Esto es así por la ley que establece que para conservar la bandera uruguaya tiene que haber mayoría de acciones en manos de personas físicas o jurídicas uruguayas.
En tercer lugar, el Estado tendrá poder de veto para las siguientes 6 decisiones:
1) Modificar los estatutos.
2) Disolver la sociedad.
3) Aprobar el balance anual.
4) Cambios fundamentales del objeto social.
5) Cambios significativos en el plan de negocios.
6) Emisión de obligaciones canjeables por acciones.
En todos estos temas el Estado uruguayo tiene poder de veto.
Cuarta salvaguarda, habrá siempre 2 directores del Estado, sea cual sea el capital que tenga. La mayoría de los directores, 5 de 7, tienen que ser uruguayos.
Quinta salvaguarda, habrá un comité de apoyo a la gestión integrado por 1 director del Estado y otro del inversor y el gerente general con el propósito de colaborar y seguir la gestion de la empresa.
Sexta salvaguarda, la remuneración de los gerentes, directores y síndicos se encuentra limitada a remuneraciones similares a otras empresas. Esto es que se toman como referencia retribuciones comparables.
Los sueldos de directores y síndicos designados por el Estado los fija y los paga el Estado y PLUNA se los reembolsa al Estado.
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Foto: archivo de El Pais